¿De qué se acusa a Javier Duarte en México para extraditarlo?

El gobierno veracruzano tiene dos denuncias en su contra, el gobierno federal una: estos son los delitos que se le imputan…

junio 2017 |


Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz en su toma de protesta aseguró haber recuperado 1,200 mdp de lo sustraído por su antecesor Javier Duarte.

Pero en su denuncia formal y solicitud de extradición al gobierno de Guatemala, al ex gobernador solo le atribuye el desvío de 220 mdp y el uso indebido de un helicóptero de propiedad pública.

Karina Bolaños, fiscal guatemalteca, hizo públicas esas acusaciones, que se dieron a conocer este martes durante una audiencia en Guatemala.

De acuerdo con la información revelada, las autoridades veracruzanas tienen abiertas dos investigaciones en contra de Duarte de Ochoa.

En una se le acusa de incumplimiento del deber legal, tráfico de influencias, abuso de autoridad, peculado y coalición. En la otra, de incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias.

Otra solicitud de extradición pesa en contra de Javier Duarte, y fue presentada por el gobierno federal mexicano.

En cuanto a la primera denuncia de las autoridades veracruzanas, se le atribuye el presunto desvío de 220 mdp de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

Por esos hechos el extitular de CAEV , Francisco Antonio Valencia, se encuentra detenido en una prisión de Veracruz.

De acuerdo con la información revelada por Bolaños, los recursos fueron transferidos, presuntamente por orden de Duarte, a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Pero cuando se solicitó a Sefiplan la devolución de los recursos a la CAEV para la ejecución de proyectos contemplados, el dinero ya no fue devuelto.

Eso ocasionó que la CAEV no ejercitara los recursos en el periodo correspondiente. Por ende no se cumplieron las metas y objetivos de los fondos y programas federales para los cuales deberían haberse destinado.

Los hechos están documentados en una denuncia que presentó el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), derivada de una auditoría a las cuentas de la CAEV.

De acuerdo con la información documental recabada por Orfis, mediante oficio SSE/631/2013, fechado 13 de agosto de 2013, Carlos Aguirre Morales, subsecretario de Egresos de la Sefiplan, requirió al ingeniero Francisco Antonio Valencia que transfiriera de forma inmediata los saldos de las cuentas aperturadas por ese organismo de los recursos 2013.

Los 220 mdp fueron depositados a la cuenta 0190727164 de BBVA Bancomer. Valencia giró instrucciones en dos oficios para que Noé Rodrigo Hernández, subdirector administrativo, efectuara las transferencias.

Tres fueron realizadas en el mes de septiembre por un monto de 150 mdp y cuatro más por 70 mdp en noviembre, ambos de 2013.

La petición de la devolución de los recursos constan en oficios de la CAEV fechados el 28 de julio de 2015, 2 de octubre de 2015, 14 de octubre de 2015, 26 de noviembre de 2015 y 29 de diciembre de 2015. Esos cinco oficios fueronsuscritos por la dirección general de la CAEV.

Asimismo, se hace alusión a los oficios del 8 de enero de 2016, 15 de abril de 2016 y 27 de julio de 2016, suscritos también por la dirección general de la CAEV.

Ante la nula respuesta por parte de Sefiplan, Enrique Samberino Lara, jefe de la Unidad Jurídica y apoderado legal de la CAEV, presentó una denuncia ante la fiscalía veracruzana por presuntos hechos de corrupción.

Moisés Medrano, entonces jefe de la tesorería del CAEV, se defendió en su declaración al asegurar que su actuación fue apegada a la legalidad. Obedeció, declaró, a las instrucciones de sus superiores jerarquicos.

Por lo que se refiere a la segunda denuncia, se le acusa de tráfico de influencias por haber utilizado un helicóptero oficial para trasladarse cuando ya había pedido licencia y buscaba salir de Veracruz.

La extradición de Javier Duarte no ocurrirá hasta que se resuelva la otra solicitud que pesa en su contra, que fue presentada por el gobierno federal mexicano.

De acuerdo con esta solicitud Duarte es probable responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

El exmandatario veracruzano es vinculado con una red de empresas fantasma y falta de pagos a proveedores e instituciones educativas.

Las irregularidades de las que Duarte es sospechoso ascienden a un monto de cuando menos 350 mdp.

La administración de Duarte de Ochoa acumula 52 denuncias penales de la Auditoría Superior de la Federación por un posible daño al erario por más de 35,000 mdp.

Con información de Expansión | Foto: Reuters (vía Noticias MVS)

Ciudadanos Contra la Corrupción

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