Las piedras que aún quedan en el camino del Sistema Nacional Anticorrupción

Principalmente se llama voluntad política; Edna Jaime, directora general de México Evalúa

julio 2017 |

El pasado 19 de julio, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) inició operaciones, pero sin fiscal ni magistrados, y tampoco sin que una buena parte de los ciudadanos tengamos clara su importancia.

De funcionar correctamente, o de la mejor manera posible, sería más difícil ver cómo algunos integrantes de la clase política se llenan los bolsillos con dinero público, por ejemplo.

El 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional que creó el SNA y pese a tener dos años arrancó cojo, pues entidades y legisladores federales no cumplieron con el plazo de un año para hacer las modificaciones correspondientes.

Para entender por qué el tema debe importarnos y a qué se deben ciertos “atorones”, el HuffPost platicó con Edna Jaime, fundadora y directora general de México Evalúa.

En principio, dice Jaime, el sistema es complejo y no se ha terminado de entender bien y, en él, se apostó por hacer funcionales instituciones que tienen distintas obligaciones en materia anticorrupción para ponerlos bajo una sola instancia.

Si hubiéramos optado por tener, por ejemplo, un zar anticorrupción hubiera quedado más claro (…) Para qué crear algo nuevo que va a abonar a la fragmentación de algo que ya teníamos, hay que lograr coordinar su actuación, esa fue la lógica para decidir por un sistema multiagencias como el que ahora tenemos.”

Pese a que el SNA arrancó la semana pasada, entidades como Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo no cumplieron con el plazo legal para armonizar la legislación estatal, pero además el propio instrumento aún tiene varios espacios en blancocomo los nombramientos de magistrados y del propio fiscal anticorrupción, así como tener al 100% al Comité Coordinador del sistema, que fue electo desde principios de este año, y robustecer la Fiscalía Anticorrupción.

Ponemos a un Comité de Participación Ciudadana en el centro, presidiendo todo el sistema, y para lograr la coordinación de las agencias, se creó el Comité Coordinador, lo que necesitamos a nivel federal es, primero, que esté completo. Necesitamos a los funcionarios, a los magistrados, es muy importante acabar de hacer esos nombramientos.”

Sin embargo, reconoce Jaime, uno de los principales debates a nivel federal es cómo mejorar el diseño legal de la Fiscalía Anticorrupción, pues si no se fortalece, “todo va a funcionar mal”.

En la Fiscalía General está alojada la Fiscalía Anticorrupción y tenemos que hacer una instancia con las atribuciones para que pueda hacer su trabajo, porque si no vamos a tener una instancia de investigación que es clave para el sistema y esta pieza, si nos queda floja, va a hacer que todo funcione mal.”

En este sentido, Jaime habla del trabajo de organizaciones y grupos ciudadanos que han tratado de llevar a la arena pública la discusión de una #FiscalíaQueSirva, porque lo que se busca, explica, no es solo un cambio de etiquetas.

“Tenemos una debilidad particular en la procuración de justicia, en la investigación criminal, entonces tenemos que poner mucha atención a esta reforma, que se abra de nuevo la discusión del 102 constitucional.”

El Fiscal Anticorrupción debería haber sido nombrado desde 2014, para un periodo de 4 años y concluir funciones el 30 de noviembre de 2018.

Para Jaime que el SNA aún no tenga fiscal es reflejo de que los legisladores no tienen ninguna prisa, pues se pudo haber convocado a un periodo extraordinario “y no sabemos, si quiera, si se están analizando los nombramientos a magistrados y si hay alguna posibilidad de desatorar el nombramiento del Fiscal Anticorrupción”, explica.

El fiscal anticorrupción hace mucho que debió de ser nombrado, que, inclusive, es un fiscal transitorio, su encargo dura hasta diciembre de 2018. Se argumentan distintas cosas, no hay un acuerdo político, pero también hay algunas fuerzas políticas que dicen que si se nombra el fiscal con eso se cierra casi en automático el expediente de la fiscalía anticorrupción , cuando debemos abrir otro para fortalecer el diseño.”

NO GENERA ENTUSIASMO

El SNA tiene además por delante el reto de la armonización legal y de la implementación en los estados del país, lo cual se ha empantanado, atribuye Jaime, a la falta de voluntad de los legisladores.

“No genera entusiasmo en quienes toman decisiones en este sentido, es una forma de manifestar cierta resistencia, que no hay voluntad de nuestros legisladores para que esto quede bien instalado.”

Para la fundadora de México Evalúa, las deudas que aún arrastra el SNA son muestra de que la preocupación ciudadana no está alineada con las prioridades legislativas, pese a que es evidente que uno de los mayores problemas del país es la corrupción.

Estos son los estados más corruptos en México

Me parece lamentable, porque el país está muy dolido de los actos de corrupción que hemos visto en los últimos tiempos. Creo que los legisladores saben que esa es su prioridad número uno o dos en la agenda, porque saben que está en los primeros lugares de nuestras preocupaciones y, sin embargo, dan prioridad a sus propias consideraciones.”

TARDE O TEMPRANO VAN A RENDIR CUENTAS

Chihuahua y Veracruz son los estados que ni siquiera tienen propuestas para diseñar sus sistemas locales anticorrupción, de acuerdo con el#SemáforoAnticorrupción, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana y por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En él,Baja California, Durango, la Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas aparecen con un diseño regular.

IMCO

Para Jaime estas inconsistencias se deben a la falta de voluntad de las entidades,“porque tuvieron un año para entenderlo y estamos hablando de profesionales, de legisladores que saben qué implica un proceso legislativo.

Creo que son resistencias, ganas de no hacerlo.”

Y la armonización legislativa es, por llamarla de alguna manera, la primera estación, pues aún hay que armonizar siete leyes que fueron modificadas –además de la reforma constitucional–, lo cual hace necesarios cambios en la fiscalización, en los tribunales de justicia administrativa, en las contralorías, “es el requisito mínimo, después viene su implementación y creo que va a ser muy complejo“, abunda la especialista.

En este proceso, habrá de todo, señala, “vamos a tener estados donde hay políticos más responsables, donde hay una sociedad civil más activa y donde veremos más avances y también otros muy rezagados.”

Tarde que temprano, les va a llegar el momento de rendir cuentas”.

Paola Morales

Fuente: HuffPost México

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