Los 7 pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción

Por ahora sólo está vigente en ‘cascarón’

julio 2017 |

A un año de su promulgación, éste miércoles entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); sin embargo, sólo está vigente en ‘cascarón’ ya que aún quedan pendientes para que funcione como se planteó en sus objetivos.

¿Qué es el SNA?

El SNA deberá coordinar a actores sociales y a autoridades de los distintos órdenes de gobierno, a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción.

Está integrado por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Sistema Nacional de Fiscalización y los 32 Sistemas Locales Anticorrupción y tiene como objetivo sancionar a los servidores y exservidores públicos, particulares vinculados a faltas administrativas graves.

Cabe destacar que la mayoría de las instituciones que constituyen este sistema ya existían, aunque hay novedades como la Fiscalía Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana.

Asimismo, se designó a un Consejo Consultivo, encabezado por el Comité de Participación Ciudadana, con un Secretariado Técnico, que contará con un presupuesto superior a 200 millones de pesos anuales.

La creación del sistema implicó la modificación de siete leyes, entre ellas la General de Transparencia y Acceso a la Información, la de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la de Responsabilidades Administrativas.

Participan también la Auditoría Superior de la Federación; la Secretaría de la Función Pública; el Tribunal de Justicia Administrativa; el Consejo de la Judicatura Federal; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como el fiscal anticorrupción.

¿Cuáles son los pendientes?

1. No hay Fiscal Anticorrupción

En primer lugar, el Congreso no ha nombrado al Fiscal Anticorrupción. Una de las razones por las cuales aún no hay una designación es porque el Senado no ha resuelto el transitorio del 102 constitucional para que no sea un pase automático del Procurador de la República a la fiscalía y, en cambio, se trate de un tema de meritocracia, publicidad, transparencia y participación de la sociedad civil en la selección del Fiscal General de la República.

Es decir, de no reformarse dicho precepto, Raúl Cervantes, actual titular de la PGR, dependencia que a más tardar el 30 de noviembre de 2018 deberá convertirse el Fiscalía General de la República, tendría ‘pase automático’ y sería nombrado Fiscal Anticorrupción.

Sin embargo, ello representaría que dicha figura carecería de autonomía y es lo que ha provocado el ‘jaloneo’ político entre los distintos grupos parlamentarios y que no lleguen a un consenso para la designación.

Cabe destacar que la designación de Raul Cervantes al frente de la PGR fue cuestionada por su cercanía con el presidente Enrique Peña Nieto.

3. Sin designar a Magistrados para Tribunal 

La entrada en vigor del SNA supone una reconfiguración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), por lo anterior, el Ejecutivo envió al Senado de la República para su ratificación a 18 perfiles para ocupar un cargo de magistrado especializado en delitos de corrupción.

Sin embargo, el pasado 17 de julio se difundió que al menos 10 de los 18 candidatos tenían problemas de conflicto de interés por ‘cuotas partidistas’.

De acuerdo con un estudio del PT en el Senado reveló que 6 de los aspirantes tienen relación con el PAN y 4 con el PRI y los ocho restantes no se les encontró ningún vínculo partidista.

Esos magistrados deben encabezar la Tercera Sala del Tribunal y cinco Salas Regionales, las cuales el Tribunal creó la semana pasada, con base en su Ley Orgánica, aunque no existan todavía los juzgadores oficialmente nombrados por la Cámara alta.

4. Atorada la Ley General de Archivos

En noviembre de 2016, se presentó en el Senado de la República una iniciativa que reforma la Ley General de Archivos, una legislación considerada piedra angular del SNA.

Hasta le fecha, dicha iniciativa se encuentra atorada en el Congreso ya que ni siquiera se ha dictaminado, al igual que la designación del Fiscal, por intereses partidistas, ya que algunos legisladores argumentan que hay la posibilidad de que el Ejecutivo nombre directamente al director del Archivo General de la Nación (AGN) y que éste acervo carezca de autonomía.

Con lo anterior, la rectoría de los archivos de la nación quedaría a cargo de la Secretaría de Gobernación, lo que supondría que la información se podría reservar en caso de considrar que pone en riesgo la seguridad nacional.

5. Estados sin Sistemas Locales Anticorrupción

Otro de los faltantes más importantes es que los congresos locales no han terminado o iniciado sus trabajos para la armonización de sus legislaciones locales en materia de combate a la corrupción.

Éste miércoles venció dicho plazo y sólo Querétaro ha logrado completar el proceso y en contraste, Chihuahua ni siquiera ha empezado.

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6. Hay castigos, pero no ejecutores de la ley

Pese a estos faltantes, éste miércoles la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció la entrada en vigor Ley General de Responsabilidades Administrativas, como parte de la puesta en marcha del SNA.

Con lo anterior, los servidores públicos deberán abstenerse de exigir, aceptar u obtener cualquier tipo de regalo, obsequio o dádiva indebido con motivo de sus funciones.

A partir de este miércoles, la prohibición se vuelve absoluta por lo que ningún servidor público, por sí o a través de terceros, podrá recibir obsequios de ningún tipo o monto con motivo de su cargo.

La misma prohibición aplica para el cónyuge, parientes consanguíneos o terceros con los que la persona servidora pública tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que la o el servidor público o las personas mencionadas formen parte.

En caso de incumplir con esta obligación, las y los servidores públicos estarían incurriendo en una falta administrativa grave, que podría ser castigada con suspensión o destitución del empleo, sanción económica o inhabilitación temporal para ejercer un cargo público, a juicio del TFJA (recordemos sigue sin magistrados especializados en la materia).

En caso de que los servidores públicos, sin solicitarlo, reciban de un particular un regalo, obsequio o beneficio, con motivo del ejercicio de sus funciones, deberán informarlo inmediatamente a la SFP.

Si se trata de un bien, se deberá entregar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Además, está orientado no sólo al sector público sino, de forma muy importante, también a las personas físicas y morales del sector privado que contratan con el gobierno por lo tanto supone sanciones como:

a) Multa de hasta 2 tantos de los beneficios obtenidos y en caso de no obtenerlos, hasta 1,500,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (aproximadamente $112 millones de pesos).

b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios u obras públicas hasta por 10 años.

c) Suspensión de actividades hasta por 3 años.

d) Disolución de la sociedad respectiva.

e) Indemnización por daños y perjuicios.

Para determinar la magnitud de la sanción la autoridad revisará, entre otros aspectos, si las empresas cuentan con esquemas de promoción de valores éticos y medidas que inhiban hechos de corrupción.

7.  Se queda el SNA sin Comité de Acompañamiento Ciudadano 

El pasado 12 de julio, se informó sobre la renuncia de los integrantes del Comité de Acompañamiento Ciudadano para la Designación del Fiscal Anticorrupción tras criticar la demora del Senado de la República para dicho nombramiento.

Los integrantes del Comité argumentaron que el mayor problema es que la legislación penal anticorrupción sólo entra en vigor una vez designado el Fiscal.

Lo que significa que todos los casos de malversación de fondos públicos, peculado o tráfico de influencias, que actualmente se procesan, como el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se llevarán a cabo con la legislación anterior y con una tipología de delitos penales desactualizada.

Esto implica también que no entrarán en vigor las nuevas penas para este tipo de delitos, las cuales son más altas.

Fuente: Economía Hoy

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