El SNA y el Comité de Participación Ciudadana

El SNA tiene dos problemas de difícil resolución para funcionar

agosto 2017 |

Se sabe que uno de los principales ejes de la elección será el tema de la corrupción (que para combatirla se creó el SNA). En consecuencia, los presidentes de los partidos y los aspirantes a las diversas candidaturas ya han inundado a los medios con discursos anticorrupción.

Ahí está AMLO declarando que cuando él sea presidente su conducta honesta bastará para que en el sector público desaparezca la corrupción. Ahí está Anaya denostando al gobierno corrupto del PRI y asegurando que ahora sí el PAN es la solución. Ahí está Enrique Ochoa injuriando a los funcionarios corruptos y el compromiso del PRI para llevarlos ante la justicia.

No hay nada más fácil que hablar en contra de la corrupción, ni más difícil que hacer algo para combatirla. Ningún partido ni aspirante ha demostrado en los hechos su compromiso.

Con gran presión y empuje por parte de la sociedad, los partidos aprobaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El gesto debe ser reconocido. Pero hasta ahí llegaron. No en balde las encuestas indican que 64% de la población no cree que éste vaya a funcionar. El descreimiento tiene fundamentos. Son muchos años de ver cómo los partidos de todos los colores que han tenido la oportunidad de gobernar abusan del poder y lo usan en beneficio propio.

El SNA tiene dos problemas de difícil resolución para funcionar como tal, esto es, para actuar como fue concebido: un sistema y no un mero agregado de instituciones. El primero es que no hay nada que realmente vincule a sus componentes para actuar en la misma dirección. El segundo es que su carácter de nacional requiere que todas las entidades federativas conformen sus sistemas locales (SLA’s).

Por lo que hemos visto, solamente una de las siete sillas está dispuesta a enfrentar estos dos retos y lo está haciendo en solitario: el Comité de Participación Ciudadana (CPC). En el papel pesa lo mismo que las otras seis, o sea, 14.78%, pero está en tremenda desventaja, pues apenas y tiene estructura, presupuesto y facultades. El resto son instituciones que ya existían y que tienen presupuesto y facultades establecidas: la Fiscalía Anticorrupción (acéfala), la SFP, el INAI, el Consejo de la Judicatura, la ASF y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (también incompleto en el tema anticorrupción). Cada una, salvo la ASF comprometida con crear el Sistema Nacional de Fiscalización, ha seguido desempeñando sus tareas como si el SNA no existiera.

La realidad es que hasta el momento sólo la silla ciudadana se ha tomado en serio que el SNA debería comenzar a ser un sistema y asumir su papel como tal. Lo ha hecho en solitario.

A más de seis meses de constituido, el SNA ha tenido dos pruebas y sólo el CPC ha reaccionado mostrando un verdadero compromiso. La primera fue la de pronunciarse sobre el caso del espionaje a periodistas y activistas a través del malware Pegasus, un programa de adquisición y uso exclusivo del Estado mexicano. El CPC propuso al Comité Coordinador del SNA solicitar al gobierno la entrega de información sobre quiénes han tenido acceso al malware, cuánto costó y cuál es su marco jurídico. Perdió la votación 5 a 1 (recuérdese que no hay fiscal Anticorrupción) y eso que tan sólo era ¡para hacer un exhorto! Ni siquiera el INAI, órgano instituido para seguir el principio de máxima publicidad, votó en favor. ¿Se imagina usted si hubiesen propuesto algo sobre el caso Odebrecht?

La segunda prueba fue la de las adecuaciones normativas que los estados tenían que hacer a más tardar el 18 de julio del presente año a sus constituciones y leyes para la correcta creación de los Sistemas Locales.

Pues resulta que a los titulares de las otras seis sillas les dio igual que la mayoría de los estados hubiesen incumplido con esta obligación constitucional y sólo el CPC se sintió obligado a actuar. En un hecho inédito, y que prácticamente pasó desapercibido, el CPC promovió dos amparos. Uno para obligar a los estados incumplidos a reformar sus constituciones y leyes para adecuarlas conforme a lo que marca la Constitución General y la Ley General del SNA. No todas las adecuaciones de las constituciones locales pasan la prueba de consistencia con la reforma constitucional; hay estados sin emitir las leyes secundarias, otros más no han asignado partidas presupuestales a los comités locales y, finalmente, otros diluyeron o capturaron la participación ciudadana.

El segundo amparo fue para que el Poder Judicial de la Federación y, eventualmente la SCJN, resuelva que los estados debieron haber derogado sus leyes de Responsabilidades Administrativas para adoptar la Ley General en la materia y así evitar, por un lado, la incertidumbre de cuál es la legislación aplicable y, por el otro, cerrar las ventanas de oportunidad para que los funcionarios públicos estatales queden impunes o sujetos a leyes más benevolentes respecto de los delitos de corrupción.

Hasta donde sé, éstas son las únicas dos acciones que se han planteado y las dos provienen del CPC. La pregunta se impone: ¿es el Comité Ciudadano el único comprometido en la lucha contra la corrupción y hacer del sistema una realidad?

María Amparo Casar

Fuente: Excélsior

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